Se abre una esperanza en Ciudad Juárez
Al fin una decisión sensata, tras la masacre del 30 de enero
09-feb-2010 Jorge Escamilla Quijada
Ciudad Juárez ocupa el octavo sitio en el mapa de los centros urbanos más poblados de México, con 1.3 millones de habitantes, (de acuerdo con el último conteo de Población y Vivienda 2005, que elaboró el INEGI), y no es capital de su estado.
Chihuahua, que con un total de 3 millones 241 mil habitantes sólo tiene 759 mil en el municipio que lleva el mismo nombre y donde radican los tres poderes del estado.
Los datos estadísticos, con cifras de 2005, ubican el contexto demográfico de Ciudad Juárez y la capital Chihuahua, donde el gobernador José Reyes Baeza anunció apenas el sábado 6 de febrero su decisión de trasladar los tres poderes del estado a la ciudad fronteriza que vive uno de los peores momentos de su historia contempóranea, con más de 5 mil 500 ejecuciones en los últimos tres años.
Sin embargo, lejos de recibir el respaldo y la adhesión de las dos fuerzas políticas opositoras al PRI en ese estado (de entre los tres grandes partidos en México), la decisión del gobernador fue calificada, por ejemplo, de electorera por el PAN, ya que el 4 de julio de este año habrá elecciones para renovar la gubernatura, 67 presidencias municipales y las 33 curules del Congreso local; mientras que el PRD fue más allá, al pedir tajantamente la desaparición de poderes en Chihuahua. En tanto que su partido, el PRI, respaldó la determinación de Reyes Baeza.
Según el anuncio del gobernador, a más tardar el lunes 15 de febrero los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo de la entidad deberán estar despachando desde Ciudad Juárez, con el propósito de atender integralmente las demandas de la ciudadanía y así evitar que los altos índices de criminalidad persistan, para lo cual ordenó que los funcionarios, legisladores y magistrados cambien indefinidamente su lugar de residencia, porque la medida no tiene una temporalidad específica hasta en tanto no se resuelva el grave problema que aqueja a la ciudad fronteriza.
El beneficio de la duda
La polémica pero histórica decisión, sin precedente en la historia contempóranea de México, en principio merece la atención de toda la sociedad civil mexicana, pues representa una posibilidad concreta, realista, de apaciguar, menguar o acabar de plano con la dramática situación que padecen los casi millón y medio de juarenses.
Los políticos, antes de asumir una postura en contra de la determinación de Reyes Baeza, deberían de involucrarse primero en la cotidianidad de la ciudad más violenta del país y ponerse en el lugar de la gente que a diario corre el riesgo de quedar entre las balas perdidas de los sicarios, caer en una ejecución, ser levantada o secuestrada, o tener que pagar "derecho de piso" por la operación de sus negocios, para dimensionar el tamaño real del problema que tiene en vilo a la ciudad fronteriza conocida también como Paso del Norte.
Reyes Baeza pretende cambiar los modelos de atención en Ciudad Juárez e incentivar los programas sociales, además de impulsar la generación de empleos y ofrecer educación a los miles de adolescentes y jóvenes que son campo fértil para las bandas de la delincuencia organizada por no ir a la escuela.
El traslado temporal de los tres poderes a Ciudad Juárez luce atractivo y habría que brindarle el beneficio de la duda al gobernador Reyes Baeza, porque suena más lógico atacar la problemática atendiendo el dañado tejido social que mandar más soldados y policías federales a la zona.
Así, a poco más de una semana del "juvenicidio" -masacre ocurrida el pasado 30 de enero en el fraccionamiento Villas de Salvarcar de Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida 16 personas, entre ellas 13 menores de edad-, se abre con esta decisión una clara oportunidad de recomponer la estructura social de la zona y empujar un cambio desde abajo para impedir que la caótica situación arruine el futuro de casi millón y medio de mexicanos que anhelan recuperar su territorio.
Masacre en Ciudad Juárez
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