Chihuahua, inseguro para los jóvenesEl homicidio de 13 menores evidencia su vulnerabilidad09-feb-2010 Michell Lelis Carro
Es uno de los cinco estados en donde más homicidios se comenten con arma de fuego y la última entidad en garantizar la seguridad a niños y niñas.
México emprendió una lucha sin precedentes en contra del crimen organizado al inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón, el primero de diciembre de 2006. La estrategia se fundamentó en el uso de integrantes del Ejército mexicano para el combate al narcotráfico. Esa lucha ha costado miles de vidas, tanto de civiles inocentes y sin relación alguna con la criminalidad; como de sicarios e integrantes de las fuerzas armadas, policías estatales y locales. Los decesos que se han suscitado, se encuentran enmarcados por un clima de extrema violencia. En este sentido, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad en una encuesta publicada en enero del presente año, señala que son 10 estados de la República mexicana donde se cometen el 74% de los homicidios con arma de fuego. Chihuahua se sitúa en el quinto lugar al concentrar el 7 por ciento de los decesos bajo esta modalidad. Lamentablemente, el pasado 31 de enero, en Ciudad Juárez Chihuahua fueron asesinados un grupo de jóvenes por parte de un comando armado, muriendo 16 personas, de los cuales 13 eran menores de edad. Este hecho, nos permite señalar la confluencia de diversos fenómenos, que de no resolverse, sólo servirán para seguir reproduciendo noticias tan dramáticas como la pérdida de vidas inocentes en circunstancias grotescas. El tráfico de armas en la frontera norteEl primer elemento es la inseguridad en Chihuahua, a pesar de la presencia efectivos de la policía federal y del Ejército Mexicano; el segundo, la facilidad de acceder a armas de fuego en la frontera México-estadounidense, y la tercera, la falta de protección a los menores. Respecto a la falta de seguridad en el estado, se reforzaron las acciones policiacas trasladando policías federales y militares para instrumentar un operativo que permitiera desincentivar la comisión de actividades ilícitas, Sin embargo, ello no ha ocurrido. En cuanto a la facilidad de adquirir armas, en 2007 la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, calculó que diariamente ingresaban a México, aproximadamente 2 mil armas ilegales, debido principalmente a la corrupción en las aduanas del país, particularmente las ubicadas en el norte del país. Asimismo, el estudio realizado por el Graduate Institute of International Studies in Ginebra (Suiza) Small arms Survey 2008, estimó que en nuestro país circulan entre 2 y 15 millones de armas de fuego sin registrar ante las autoridades, lo que resulta preocupante y permitiría también entender porque en 70% de los homicidios acontecidos en México, se utiliza un arma de fuego. De esta forma, la inseguridad y la facilidad con la que delincuentes adquieren armamento, nos sitúan ante una atmósfera inadecuada no sólo para la formación de los menores de edad, sino inapropiada para garantizar el derecho a la vida como en el caso de los 13 jóvenes que murieron a manos de sicarios del crimen organizado durante la celebración de una fiesta de cumpleaños. Derechos del niño en ChihuahuaDe acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, Chihuahua es uno de los tres estados que no ha cumplido con legislar respecto a la protección de los derechos de la niñez. En su informe La Infancia cuenta en México 2009, se señala que registra una de las tasas de mortalidad más alta de la población de 15 y 17 años por homicidio. “Cuando la media nacional en 2007 fue de 5.3, en el Estado de Chihuahua fue de 12.6%, ocupando el último lugar nacional para garantizar la seguridad a niños y niñas”. De esta forma, tanto esta entidad federativa como la Federación, estarían incumpliendo la Convención de los Derechos del Niño ratificada por México en 1990, en la que se obliga a los Estados parte a proteger a la niñez en contra de toda forma de violencia. Por ello, la organización exige a las autoridades locales y federales investigar con eficacia y profesionalismo, evitando “comentarios que atenten contra la dignidad y el buen nombre de los adolescentes implicados”. Si los gobiernos no garantizaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, así como a un desarrollo sano, es hora de subsanar las deficiencias y garantizar a los familiares de las víctimas, el acceso a la justicia pronta y expedita. En ello se debe confiar.
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